SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República (PGR), de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, entregó a instituciones del Estado y a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que contribuyen con el combate del crimen, un monto ascendente a más de RD$388 millones, que fueron decomisados a favor del Estado dominicano en distintos casos de lavado de activos.
En ese sentido, la institución explicó que es la mayor distribución de recursos recuperados por acciones contra el lavado de activos que se ha hecho en la historia de la República Dominicana, lo cual dijo que responde al plan de modernización que se está implementando en el Ministerio Público.
Detalló que como parte de dicho plan se ha implementado una nueva estructura contra el crimen, que incluye la creación de nuevos organismos, la integración de más personal especializado y mayor capacitación de los recursos humanos existentes, así como más apoyo logístico, una nueva plataforma tecnológica, equipos y vehículos.
Mediante un comunicado de prensa, se informó que tanto la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Consejo Nacional de Drogas (CND) a quienes corresponde el 25% por ley, recibieron cada una un monto de RD$97,156,036.60 millones, en tanto que a la Policía Nacional les fueron entregados RD$38,862,414.60 millones, equivalentes al 10%, y el otro 15% fue repartido entre 25 ONGs, a las cuales les fueron entregados RD$58,293,621.95 millones.
Explicó que en el caso de las ONGs los RD$58,293,621.95 millones fueron entregados como se describe a continuación: Hogar Crea Inc. RD$4,141,915.24 (1.1%), Hogar Crea Internacional RD$3,681,702.44 (0.9%), Mesón de Dios, Inc. RD$3,681,702.44 (0.9%), Fundación Fénix Volver a Vivir RD$2,761,276.83 (0.7%), Asociación Casa Abierta RD$3,221,489.63 (0.8%), Reto a la Juventud RD$3,221,489.63 (0.8%), Asociación Contra Adicciones (ASCAYD) RD$3,221,489.63 (0.8%), Fundación Volver (Voluntarios Verdaderos Inc.) RD$2,301,064.02 (0.6%), Ministerio Evangelístico Juan 3:16 RD$2,914,681.10 (0.7%), Casa del Alfarero RD$2,914,681.10 (0.7%), Ministerio Evangelístico Rescatados del Lodo RD$2,914,681.10 (0.7%), Fundación Ciudades de Refugio RD$2,914,681.10 (0.7%), Fundación Albergue de la Esperanza (ALBES) RD$2,914,681.10 (0.7%), y a la Fundación Guarabird Inc. RD$2,914,681.10 (0.7%).
Igualmente, fueron entregados a las ONGs Fundación Casa de Restauración y Rehabilitación “Dios es Fiel” (FUNCADREDEF) RD$1,093,005.41 (0.3%), Centro de Restauración Gabaón RD$1,093,005.41 (0.3%), Fundación Buen Samaritano RD$1,093,005.41 (0.3%), Misión Rescate RD$1,093,005.41 (0.3%), Ministerio de Rehabilitación Hogar de Mi Padre RD$1,093,005.41 (0.3%), My Brothers Keeper RD$1,093,005.41 (0.3%), Comunidad Terapéutica Hermanos en Cristo (HUEC) RD$1,093,005.41 (0.3%), Ministerio en Cristo Todo se Puede RD$1,093,005.41 (0.3%), Centro de Atención Integral a las Dependencias (CAID) Hospital Moscoso Puello, área de Drogodependencia RD$1,943,120.73 (0.5%), Centro de Atención Integral Niñas, Niños y Adolescentes en consumo de Sustancias Psicoactivas (CAINNACSP) RD$1,943,120.73 (0.5%), y al Programa Yo “También Pastoral Juvenil” RD$1,943,120.73 (0.5%).
En ese orden detalló que dichos valores fueron decomisados en los casos Flaquer RD$23,195,832.00, Hermanos Buitrago (Caleta 1) RD$1,074,853.67, El Alacran RD$39,549.03, Sergio Augusto Bonilla RD$418,500.00, Sidney RD$752,972.31, abogado de Jimaní RD$22,865,654.18, Yabril Alexander Medrano RD$850.00, Pedro Ignacio Hernández Zorrilla RD$900.00, Santiago Féliz Infante RD$44,500, Francisco Antonio Peralta y Comps. RD$24,535,858.00, Caso Sandra Mercedes Mayor Torres (A) Mula RD$11,804,740.69, Nigua (1/3) Rosario Alt. Guzmán Ureña (A) Charo RD$4,468,116.59, Nigua (2/3) María Trinidad Núñez Sánchez RD$2,128,138.19, Mercadinsa/Aimee Josefina de San Juan Nabas Gonzales RD$117,853,616.51, Raúl Jaimes RD$48,501,240.04, El Matatán/Cristian Pozo Mojica RD$842,334.26, Junior Pañales RD$79,810,803.44, Ferrel RD$7,399.83, Nigua (3/3) Domingo Antonio Cedeño Donastor RD$1,222,500.00, Brezhnev RD$45,167.80, José Miguel de la Cruz RD$24,442,665.00, Roberto Rodríguez Jiménez RD$363,587.00, Norteamericanos RD$7,816,909.50, Los Santana RD$14,960,873.70, y en el caso de la Discoteca o Sensación o Miguel y Danny RD$1,426,584.62.
La entrega de los valores económicos, señala la información, fue hecha en virtud de que las sentencias de los citados casos son definitivas, por lo que las mismas adquirieron la característica de la cosa irrevocablemente juzgada.
Al referirse al destino de los fondos recibidos por la Procuraduría, el magistrado Rodríguez explicó “En nuestro caso, y en aras de la transparencia con la que nos encontramos comprometidos e identificados, les informamos que estaremos utilizando los fondos que nos corresponden para la construcción de las Unidades de Atención Integral de Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales contempladas en el Plan Nacional contra la Violencia de Género que hemos estado ejecutando, unidades que se ubicarán en las provincias de Montecristi, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, Elías Piña, Independencia y Pedernales, habiendo ya inaugurado nuevas unidades en Sánchez Ramírez, La Altagracia, Barahona y Bahoruco.
El máximo representante del Ministerio Público dijo que también serán utilizados para fortalecer las acciones en la lucha contra el narcotráfico que llevan a cabo en el país.
Respecto a los avances logrados tras la implementación de la nueva Ley de Lavado de Activos 155-17, dijo que su promulgación constituyó un hito en la historia de la lucha contra la criminalidad organizada en la República Dominicana, al tiempo de manifestar que “dicha normativa más que una solución ha sido un verdadero llamado a la acción para numerosas instituciones públicas y privadas, a fin de que mediante un trabajo coordinado y responsable, fortalezcan sus capacidades de control, prevención, persecución y sanción de estos crímenes”, manifestó.
Asimismo agregó “Esta legislación nos ha impulsado a realizar una revisión profunda de nuestros procesos, a fortalecer los lazos interinstitucionales que nos unen y a poner en marcha numerosas iniciativas de mejora a lo interno de nuestras instituciones”.
El procurador Rodríguez explicó que esta es la primera vez que como institución coordinan un proceso de entrega de valores monetarios producto del decomiso de valores monetarios vinculados al lavado de activos.
“Hablamos, señores, de casi trescientos noventa millones de pesos, la distribución más grande de este tipo que se ha hecho en la República Dominicana, lo que constituye una entrega de casi seis veces más, que las entregas anuales promedio realizadas en los últimos diez años. La magnitud de este monto es evidencia de la efectividad del trabajo de persecución del lavado de activos que ha estado realizando el Ministerio Público en los últimos años, en coordinación con las instituciones del Estado presentes”, apuntó.
Dijo que esa labor ha incluido la incautación y decomiso de cientos de bienes de origen ilícito, así como la responsabilidad de custodiar, conservar, administrar y disponer de estos bienes, de conformidad con las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley 155-17.
“En el Ministerio Público hemos asumido con gran seriedad este compromiso, que es un compromiso con la Constitución y con la dignidad humana, por tratarse de una labor que afecta directamente uno de los derechos fundamentales de todo hombre, su derecho a la propiedad”, expresó.
Dijo que en su gestión han fortalecido la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, la cual inició un proceso de recopilación de las sentencias falladas en cada caso que hubieran adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, lo cual dijo ha permitido obtener dichos fondos. Asimismo, explicó que se creó una comisión de sesión permanente a lo interno de la institución para ubicar y hacer disponible los fondos correspondientes a cada expediente.
La actividad se llevó a cabo en la Procuraduría General de la República, con la participación de Rafael Guerrero, mayor general y presidente del Consejo Nacional de Drogas; Edmundo Néstor Martín Félix Pimentel, vicealmirante y presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Ney Aldrin Bautista Almonte, mayor general y director general de la Policía Nacional, así como de los representantes de las organizaciones sin fines de lucro beneficiarias conforme al artículo 33 de la Ley No. 155-17.
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