“LA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA. UN TEMA CONSTITUCIONAL”

0
50

Desde la toma la posesión a su segundo mandato del actual presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se inició la discusión tanto por sus seguidores como por sus opositores, así como por la clase jurídica, sobre la prohibición constitucional establecida en la vigésima disposición transitoria contenida en el título XV en su capítulo II, de la constitución de la República Dominicana. Esta disposición establece lo siguiente: Vigésima: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”.

Soy de opinión de la tesis de que existe la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de un texto constitucional, y más aún en el marco y tipo de constitución que ha asumido la República Dominicana, y el carácter y principios de ponderación, aplicación e interpretación de los derechos fundamentales que quedó plasmado en nuestra constitución a partir del año 2010.

El artículo 74 de la constitución plantea aspectos como el carácter no limitativo de los derechos fundamentales, el principio de razonabilidad constitucional y su relación con la simbiosis entre los derechos constitucionales y las garantías fundamentales, de igual forma la interpretación y aplicación de normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, dando lugar a que sean interpretados de forma favorable a la persona titular de los mismos.

En tal sentido, deberíamos analizar si el transitorio que prohíbe la reelección del actual presidente de la República Dominicana entra dentro del marco de los derechos fundamentales, o si más bien choca con algunos de estos derechos, de igual forma debemos analizar cómo vulnera los derechos fundamentales de aquellos con derechos a elegir o ser elegidos. Si nos vamos al artículo 75 de la constitución, encontraremos parámetros establecidos en torno a lo que persiguen los derechos fundamentales reconocidos en ella, y en su numeral 1ero establece: «Actuar u cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ella».

Este artículo de manera expresa manda a la obediencia constitucional, legal, y el respeto u obediencia a las autoridades establecidas en ella, en ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional es el órgano de mayor rango constitucional en esta nación, y el dado a hacer uso de su facultad para interpretar y aplicar los derechos fundamentales y sus garantías en favor de alguien que los reclamé con «interés legítimamente protegido» (bueno resaltar que el interés legítimamente protegido nace no solo de una acción en justicia, sino que el interés nace a raíz de la afinidad de una persona y su relación directa con un derecho reclamado a resguardo a esa persona en específico).

Este mismo artículo 75, en su numeral 12, en orden establece los conceptos de «fortalecimiento» y «calidad» de la «democracia», y cabe entonces analizar si suprimir un derecho fundamental como el de ser elegido o el derecho de otros votar por un candidato determinado, fortalece la democracia y aumenta la calidad de ella. La democracia encierra un orden participativo y de decisiones que van de lo general a lo particular y de lo individual a lo general, es por tanto que todo orden democrático verdaderamente debe tratar de imperar la igualdad ante la aplicación del diario vivir de los súbditos de ese sistema y más aún cuando en ella están resguardados los derechos fundamentales individuales.

Pero, ¿tiene el Tribunal Constitucional, la facultad, capacidad y atribuciones para poder determinar la inaplicabilidad de un texto constitucional en virtud de la interpretación y ponderación en la balanza judicial de otro texto? entendemos que sí, puesto que el mismo párrafo o numeral 4to del artículo 74, establece: «Los derechos públicos interpretan y aplican los normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, «en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procuran armonizar los bienes e intereses protegidos por esta constitución».

El artículo 184 da mandato al TC de defender el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, y tal como hemos mencionado 74 de la constitución, existen las garantías de los derechos fundamentales por encima de cualquier otro aspecto establecido en la constitución, queda esto claro en la aplicación e interpretación del mismo artículo 74.

El artículo 68 de la constitución manda a «garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, y usar mecanismos de tutela (tutela judicial efectiva Art.69 Const.) y protección de estos, procurando que las personas obtengan la «satisfacción» (el término satisfacción denota cumplimiento de un deseo o del gusto, confianza y seguridad del ánimo) de sus derechos (derecho fundamental de ser elegido) frente a los sujetos obligados o deudores (el estado es deudor y está obligado a satisfacer los derechos fundamentales de quienes lo componen) de los mismos».

Ahora bien, ¿quien puede demandar la inconstitucionalidad de la vigésima disposición transitoria contenida en el título XV en su capítulo III, donde prohíbe la Constitución modificada en el año 2015, la no reelección al presidente actual de la República para los periodos subsiguientes al 2016-2020? Tal como expresamos anteriormente, solo aquel con un interés legitimo protegido, puede invocar demandando la vulnerabilidad de un derecho fundamental, en este caso solo el mismo presidente de la República Dominicana (Danilo Medina) podría accionar ante el Tribunal Constitucional la referida acción, todo aquel que lo haga fuera de él, incurriría en que su acción sea objeto de inadmisibilidad.

En el derecho comparado podemos encontrar la teoría de que versa sobre los limites internos y externos de los derechos fundamentales, y para mencionar una descripción del tema breve, nos acogeremos a lo planteado en el derecho y jurisprudencia Mexicana, de Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Pág. 2110, que dice: “DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS LÍMITES INTERNOS Y EXTERNOS. La teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales establece que contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que cualquier afectación a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia pueden establecerse las limitaciones y restricciones necesarias y justificadas, así como expandirse las condiciones de su ejercicio, partiendo de la base de que estos derechos no son absolutos y su ejercicio está sujeto a límites, más allá de los cuales, éste resulta ilegítimo. En estas condiciones, la delimitación de ese núcleo intangible debe ser a partir de la subsistencia del derecho a la libertad y la posibilidad de ejercerlo; esto es, de un efectivo disfrute, de forma tal que los límites internos son aquellos que emergen al momento de definir los alcances del objeto concretamente protegido por cada derecho fundamental, es decir, sirven para definir el contenido del derecho, intrínseco a la propia definición y alcance del bien y fin tutelado, por lo cual cualquier supuesto que desborde esas fronteras es otra realidad carente de protección. Por otro lado, es posible delimitar el campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e, incluso, opuestas a las que derivan de su contenido normativo.”

Al describir los limites de los derechos fundamentales, el derecho mexicano se vislumbra en un orden conceptual similar a los establecido en nuestra constitución de la República Dominicana sobre el concepto que mencionamos anteriormente: “Satisfacción, disfrute de los derechos fundamentales”, lo que se asumen de forma personal, individual. Así pues, que para ejercer limites a algún derecho fundamental incoado por una persona física o moral que lo reclame, habrá de observar cómo afectaría de forma colectiva, y la contraposición del derecho individual contra el colectivo, y en el caso de la especie que analizamos, es obvio que el simple hecho de que el actual presidente de la república intente buscar  una nueva reelección presidencial, no vulneraria los derechos fundamentales de otros que aspiren a lo mismo, pues dentro del orden democrático seria el cumplimiento del concepto de igualdad presente ante la ley.

En torno al tema de los derechos fundamentales y su limitación, el jurista y profesor derecho constitucional español Luis Pietro Sanchis, expresa en su  Ensayo “La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del sistema de libertades”, mencionando al Jurista de Otto lo expresó con claridad: “la cuestión reside en la delimitación conceptual del contenido mismo del derecho, de forma que lo que se llama protección de otro bien constitucional no exige en realidad una limitación externa de los derechos y libertades, porque las conductas de las que deriva la eventual amenaza del bien de cuya protección se trata sencillamente no pertenece al ámbito del derecho fundamental.” Según esto, hay una estrecha relación entre la aplicación de los derechos fundamentales y la libertad, por tanto, un principio y derecho constitucional mas que se ha de tomar en cuenta al momento de decidir sobre la ponderación del derecho fundamental de “ser elegido” sobre el precepto constitucional establecido por el legislador de una prohibición al actual presidente de la república de reelegirse para los subsiguientes periodos presidenciales, puesto   que dicho sea de paso el legislador está limitado a establecer excepciones que vulneren derechos de carácter fundamental que no justifiquen un daño o vulneración a los derechos fundamentales de la colectividad.

El jurista español Luis Pietro Sanchis, refiriéndose a lo expresado por Otto, dice que la interpretación comentada tiene algo de razón, y es que nos recuerda que el legislador no puede inventar límites a los derechos, que allí donde la Constitución ha tutelado cierta esfera de actuación no cabe introducir nuevas restricciones que directa o indirectamente no formen ya parte de lo requerido o permitido por la Constitución. Sin embargo sigue diciendo que, este enfoque creo que plantea también algunas dificultades. En primer lugar, revela un cierto optimismo acerca de la posibilidad de «recortar» con suficiente precisión el contenido de cada derecho y, por tanto las fronteras entre aquello que representa un «coto vedado» para el legislador y aquello otro que puede ser objeto de su libre decisión. Es verdad que algunos enunciados constitucionales presentan un referente empírico claro que permite discernir los contornos del derecho.

Cabe resaltar que, a raíz de lo expresado por el derecho o doctrina comparada, para poder hacer uso de la interpretación constitucional y la creación de un precedente constitucional en la República Dominicana de acoger la declaratoria de la inconstitucionalidad de un texto constitucional por vulneración a derechos fundamentales legítimamente reclamados, se debería tomar en cuenta la tipificación constitucional de todos los derechos constitucionales y fundamentales, que encierran la vulneración del derecho fundamental invocado por la persona con legitimidad, y como dice Luis Pietro Sanchis, de todos los derechos que contengan referencias normativas y valorativas cuyo significado no puede precisarse con certeza, al menos en un juicio abstracto; dicho esto así, debería el Tribunal Constitucional acogerse al origen de la llamada “doctrina de los límites inmanentes”, esto es, de aquellos que no aparecen expresamente mencionados en el enunciado constitucional que recoge el derecho, sino que se quieren hacer derivar de otros bienes constitucionales, como la seguridad colectiva o la protección de otros derechos, y en lo referido en nuestra Constitución De La República Dominicana en los mencionados artículos 74 y 184, que da las competencias, atribuciones y mandatos al Tribunal Constitucional Dominicano.

Hemos dado en este articulo, nuestra opinión jurídica, de forma breve, pero con un análisis exhaustivo, sobre el tema que se ha venido debatiendo en la nación dominicana sobre la prohibición constitucional especifica al actual presidente de la república, Danilo Medina Sánchez, en el título XV en su capítulo II, de la constitución de la República Dominicana, quedando esta presta para el debate critico jurídico constitucional.

 

Autor: LICDO. CARLOS A. DE LA CRUZ DIVANNA.

Consultor Jurídico, Ayuntamiento Municipal

De Villa Hermosa, Provincia La Romana.

EMAIL: carlosacdivanna@gmail.com

Twitter: @CarlosDivanna

Deja un comentario