LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, EJE FUNDAMENTAL DE LA DEMOCRACIA

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La República Dominicana tiene una corta historia en términos de organización del poder judicial, y sus reformas han ido escalonadamente haciendo las transformaciones que el poder político le ha ido dando según quien lo ostenté. Esto así, de manera que tal, que hemos tenido una cantidad desconsiderable de reformas constitucionales en la patria de Juan Pablo Duarte, de igual forma estas han traído consigo la adecuación según las circunstancias de los parámetros de control de la justicia dominicana por parte del poder político imperante.




Nuestra historia como nación democrática se forja a partir de la independencia del año 1844, cuando los padres de la patria junto al movimiento u organización Los Trinitarios, desencadenaron una revuelta revolucionaria independentista, la cual trajo consigo la liberación del yugo haitiano sobre los dominicanos, y así la formación de una nueva nación con nuevos parámetros judiciales, estos que si bien es cierto se regían por las mismas leyes y códigos inicialmente implementados por Francia en la isla de Saint Domingue, la cual había sido anteriormente colonizada por los españoles, y luego mediante acuerdos pasada al control francés, fueron las primeras normas que rigieron el sistema judicial dominicano.

Como dijimos ya, nuestra nación ha tenido desconsiderables reformas constitucionales, y decimos desconsiderables, debido a la falta grosera como se ha manejado la carta política que rige el ordenamiento jurídico del estado dominicano, la cual ha sufrido unas 38 reformas en una breve y corta historia como la que tiene la república dominicana como nación y estado independiente y democrático, esto así debido a que la constitución ha sido un utensilio para el poder político que les permite la continuidad en el control del estado según la adecuan para sus propósitos.

Pero bien, esto es historia pasada y reciente conocida, y nada nuevo para los dominicanos.




Lo que si ya llama poderosamente la atención es que, anteriormente el poder político hacia uso de los controles judiciales con los fines de evitar injerencias en sus formas particulares de ejercer el poder, mas no como mecanismo para sostener el poder en base a la degradación social en general como viene sucediendo en la actualidad. La constitución de la república establece en su artículo 4, la separación de los poderes del estado, los cuales los clasifica en tres: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes constituyen la base fundamental del control del estado como nación y rigen la base principal de creación y ejecución del ordenamiento jurídico nacional. Lamentablemente, nuestro país ha tomado un giro que ciertamente no es nuevo, pero si en estos tiempos es, avasallador y ha desencadenado sin lugar a equívocos en mis palabras, el más alto control social de todo el organigrama estatal dominicano de parte de un solo de los tres poderes, el poder ejecutivo, llámese el gobierno central, en virtud de las disposiciones de los partidos que ostentan la mayor representación política de control en el poder legislativo y en el engranaje gubernamental. Han hecho de si una coraza impenetrable, que les permite evitar percusiones directas en el ámbito de control de las actuaciones que ejercen en la administración pública y el manejo de los fondos del estado.

Como lo logran, lo han ido logrando en base al control absoluto del poder judicial, mediante mecanismos de intimidación, suplantación, adecuación personalizada de la justicia desde el organigrama judicial, mediante coacción de los jueces, logrando que la independencia judicial sea solo una quimera y un concepto solo existen en los escritos de reclamo de independencia.




Hemos visto los últimos años, exclusivamente a partir de los gobiernos del presidente Danilo Medina, reclamos públicos de toda la sociedad en general, incluyendo la clase jurídica dentro de la cual están jueces y fiscales, luchando por un sistema judicial independiente, en el cual los jueces no se vean presionados, coaccionados, vejados en sus funciones, pero por igual en sistema que no permita que el poder político siga haciendo un reparto de los actores que ejercen la organización judicial, como si fuera una garata en la cual cada quien toma su parte del pastel siempre y cuando tenga una representación considerable en la obtención y permanencia del poder.

Los actos de corrupción que tiene al pueblo dominicano asqueado, impotente, dolido y empobrecido, son el perfecto detonante de que a partir esencialmente de la entrada al poder del Partido de la Liberación Dominicana, estos hayan iniciado una imitación mas perfeccionada del sistema español de control del sistema judicial, como punto clave para evitar las sanciones judiciales que producen la persecución de la corrupción. Es por eso que vemos como los caso de corrupción, o terminan siendo archivados, o terminan teniendo sentencias absolutorias o resoluciones judiciales que evitan la continuidad del proceso de investigación o acusatorio en juicios de fondo, o en otros casos como el caso ODEBRECH, OISOE, OMSA, entre otros, se alarguen los plazos procesales o los reduzcan, según convenga al poder político, para evitar que se mantenga la opinión pública como principal persecutor, amilanando el sentir del pueblo, y desviando su atención con otros sucesos que desde el punto de vista económico y social ciudadano son de mucho menor importancia, para lo cual han usado la prensa como medio fundamental para minimizar las actuaciones judiciales que permiten, por parte de jueces que muchas veces aun de carrera, procuran obtener ascensos en base a emitir decisiones que mantengan conformes al poder político, en otros casos, han llevado a políticos abogados a ser jueces y ser los que encabecen el sistema judicial, agenciándose así, la impunidad prolongada y grosera.




La democracia exige la independencia del poder judicial, como uno de los principales mecanismos para lograr un estado de derecho que mantenga controles reales al mismo poder político, pero por igual en la ejecución del ordenamiento jurídico nacional, ya que sin una real independencia del poder judicial, no hay manera alguna de que exista democracia y un estado de derecho fuerte y confiable; y es por lo que estamos atravesando los dominicanos en los actuales gobiernos del presidente Danilo Medina y anteriores de su partido principalmente, en la contemporaneidad, los cuales han utilizado las altas cortes como mecanismo para mantener el poder político, mediante desmembrar a los partidos de oposición que les pueden causar su salida del poder, por igual para cercenar los derechos de muchos ciudadanos que hacen reclamos justos ante las barbaridades que vemos a diario principalmente en torno a los actos de corrupción, y así sostener el ya existente sistema de impunidad en su favor.

Hemos visto la ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura, y la forma de designación del Consejo del Poder Judicial como una manera idónea para ir poniendo controles al sistema judicial que le permite al poder político del partido de gobierno tenerlo sumergido en la sumisión.

Los últimos gobiernos y sus reformas constitucionales y creación y modificación de las leyes que abarcan esas instituciones, han logrado tener una composición que permita al gobierno y los que son apéndice del poder político imperante, tener el control total del sistema judicial.




La población y la sociedad en general esta que no soporta más las debilidades de un sistema judicial corrompido por el poder político, en el cual la impunidad es la norma general en los casos de corrupción que tanto daño han hecho a la república dominicana desde el marco de protección de los recurso del estado. Recientemente vimos como en el día del poder judicial, miembros de una organización o movimiento social y político, en pleno acto de conmemoración del día del poder judicial, atacaron lanzando excrementos los edificios que albergan a la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y a la Procuraduría General de la República, en reclamo de una justicia más transparente y que accione contra la corrupción dando resultados positivos en la lucha contra esta, y que evite seguir con el sistema de impunidad que impera en el país. Esta es la reacción de un pueblo cuando ya no soporta más y se deja vencer por la impotencia, al grado de cometer reclamos que pudieran considerarse incluso delitos, pero delitos que debemos ver como parte de la locura que produce la impotencia en el pueblo que sufre las consecuencias del un sistema podrido desde cada parte que se le vea.

Se debe lograr que la independencia de los jueces sea una realidad nuevamente, y que los jueces solo estén sumisos y comprometidos con la ley y la jurisprudencia vinculante, hasta tanto se logre eso, no tendremos un verdadero estado de derecho en la república dominicana, en el cual se respeten los derechos ciudadanos y se protejan los fondos del estado mediante hacer cumplir las leyes de carácter administrativas en el ejercicio de la función pública y principalmente la misma constitución de la república, sin temor a que la mano corruptora y poderosa del poder político interfiera.

En lo pronto, el Consejo Nacional de la Judicatura, se presta a reunirse para convocar a quienes deseen participar y califiquen para ser juez de la Suprema Corte de Justicia Dominicana.




En ese sentido, es de suma importancia, que se procure y logre por todas las vías posibles, que se elijan juristas que lleguen a ser jueces dignos de asumir posiciones integras y apegadas al derecho, a la honorabilidad que representa ser juez de esta alta corte, que la justicia sea el norte de ellos a seguir, enarbolando los principios que se debe seguir en un estado de derecho que tenga independencia en la toma de sus decisiones desde el tercer poder del estado como lo representa el poder judicial.

No obstante a eso, la República Dominicana requiere urgente una reforma integral del sistema judicial, una que le dé total independencia del poder político a la justicia, y que permita que de manera democrática los jueces sean electos directamente por el pueblo, sin injerencias e intervención del poder político, así también que, los jueces puedan ejercer directamente los controles en los procesos que se siguen a los funcionarios de la administración pública por temas de corrupción, evitando que la percepción penal sea solo una cortina de humo para acallar el reclamo de la sociedad. Pero por demás, evitando que los jueces puedan ser influidos por las disposiciones del poder político, y que los ascensos judiciales sean en base a los méritos, capacidad y experiencia judicial de los miembros del sistema judicial. De lograrse esto mediante la transformación de los parámetros actuales que rigen el sistema judicial, es un hecho que el estado de derecho en la república dominicana producirá una democracia más fuerte que beneficie a todos y permita el cumplimiento real de lo establecido en el artículo 7 y 8 de la constitución que reza: “Articulo 7: Estado Social y Democrático de Derecho.




La República Dominicana es un estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación y independencia de los poderes públicos.

Artículo 8: Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse en forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.”

Autor:
Lic. Carlos A. C. Divanna.
Abogado y Político.

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