Ese es el camino

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Gobierno y sociedad deberían ponderar la propuesta de la procuradora general, Miriam Germán Brito, de crear un Ministerio de Justicia que asuma la gestión del sistema penitenciario y fiscalización de los servicios forenses, entre otras funciones que trascienden al Ministerio Público.

La magistrada Germán Brito dijo que la creación de ese ministerio ni el traspaso de esas tareas requieren de una reforma constitucional porque son de libre configuración legislativa al no ser retenidos en la Carta Magna como competencias propias del Ministerio Público.

Lo que sí tiene que ver con la independencia del Ministerio Público ha sido claramente identificado por la doctora Germán Brito, como la carencia de protección o garantía de la permanencia en el cargo del procurador general por un periodo determinado, lo que ella define como una debilidad institucional.

Otros juristas consideran que el propuesto Ministerio de Justicia debería asumir también las funciones de diseño y planificación de políticas relacionadas con prevención de crímenes y delitos y el sistema penitenciario, hoy a cargo de una Procuraduría General desbordada por el cúmulo de expedientes penales.

Abordaje de la sobrepoblación penitenciaria, control disciplinario en los recintos carcelarios, construcción y reparación de cárceles, alimentación de los reclusos, entre otras iniciativas deberían estar concentrados en un tipo de institución como el sugerido por la magistrada Germán Brito.

Lo mismo puede decirse del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que debe convertirse en un órgano técnico independiente del Ministerio Público, cuya función debe ser la de fortalecer la investigación penal a través de la valoración científica de pruebas y evidencias.

El camino señalado por la procuradora general luce más expedito y transitable para alcanzar la anhelada meta de la independencia del Ministerio Público, toda vez que en términos de modificación de la Constitución sólo quedaría la inamovilidad del procurador general que debe ser designado por un periodo determinado.

Esa independencia garantizaría que fiscales y procuradores actúen libremente, sin interferencia o presiones de ningún tipo en su rol de prevenir y perseguir la comisión de crímenes y delitos, someter y dictaminar sentencias condenatorias contra los infractores de la ley. Ese es el camino. Fuente

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